La inteligencia artificial permite elaborar escritos, resumir expedientes y localizar argumentos en segundos. Sin embargo, especialistas alertan sobre una consecuencia incómoda: si los futuros abogados delegan demasiado pronto el análisis jurídico, podrían producir documentos técnicamente pulidos sin comprender el razonamiento que deberían defender.
LA EFICIENCIA QUE PODRÍA SALIR DEMASIADO CARA
La inteligencia artificial generativa ya interviene en labores que durante décadas estuvieron reservadas a practicantes y abogados jóvenes: búsqueda de antecedentes, revisión de contratos, clasificación de pruebas, preparación de cronologías y elaboración de primeros borradores.
Estas tareas pueden parecer rutinarias, pero constituyen parte del entrenamiento profesional. Al revisar un expediente página por página, el abogado aprende a identificar contradicciones, valorar pruebas, relacionar hechos con normas y anticipar la estrategia contraria. Si una plataforma entrega inmediatamente el resultado, se ahorra tiempo, aunque también podría desaparecer el proceso que forma el criterio.
El problema no es utilizar IA, sino convertirla en un sustituto del esfuerzo intelectual. El riesgo más polémico sería la aparición de una generación capaz de presentar textos convincentes, pero insegura cuando deba explicar de dónde salió un argumento, responder una pregunta inesperada del juez o modificar su estrategia durante una audiencia.
MENOS ESFUERZO MENTAL, MAYOR DEPENDENCIA
Una investigación publicada en 2025 por Microsoft Research y la Universidad Carnegie Mellon encuestó a 319 trabajadores del conocimiento y analizó 936 ejemplos de uso de IA generativa. Sus resultados mostraron que una mayor confianza en la herramienta estaba asociada con un menor esfuerzo de pensamiento crítico declarado por los participantes.
El estudio no demuestra que la IA vuelva menos inteligentes a sus usuarios, pero sí advierte sobre una posible reducción de la participación crítica en tareas rutinarias. En Derecho, esa “descarga cognitiva” puede resultar peligrosa.
Razonar jurídicamente no consiste únicamente en encontrar una norma: exige interpretar su alcance, distinguir precedentes, analizar la calidad de la prueba y construir una posición compatible con las circunstancias particulares del caso.
Un estudiante que solicita primero la respuesta y después intenta comprenderla invierte el orden natural del aprendizaje. Puede obtener una buena presentación, pero no necesariamente desarrollar la capacidad de resolver un asunto nuevo cuando la máquina falle.
CUANDO LA IA INVENTA EL DERECHO
El problema se vuelve más grave porque los modelos de lenguaje no funcionan como repositorios jurídicos infalibles. Predicen secuencias de palabras a partir de patrones estadísticos y pueden generar información falsa con sorprendente seguridad.
Investigadores de la Universidad de Stanford evaluaron modelos de propósito general mediante preguntas verificables sobre casos judiciales estadounidenses y encontraron “alucinaciones jurídicas” en porcentajes elevados: entre 58% y 88%, dependiendo del modelo analizado.
El estudio corresponde a herramientas y pruebas específicas de 2024, por lo que sus porcentajes no deben atribuirse automáticamente a todos los sistemas actuales. Sin embargo, evidenció un riesgo que continúa obligando a verificar cada afirmación, norma y referencia jurisprudencial.
Una sentencia inexistente, una norma derogada o una cita alterada puede contaminar todo un escrito. Lo verdaderamente escandaloso es que el documento podría parecer profesional hasta que el juez, la contraparte o el cliente descubra que la supuesta investigación nunca existió.
EL ABOGADO SIGUE SIENDO RESPONSABLE
La Opinión Formal 512 de la American Bar Association establece que utilizar inteligencia artificial no elimina las obligaciones de competencia, confidencialidad, comunicación y supervisión profesional. El abogado debe comprender razonablemente las capacidades y limitaciones de la herramienta, revisar sus resultados y proteger la información del cliente.
En el Perú, la Ley N.º 31814 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, promueven un uso seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial. A ello se suman los deberes profesionales de diligencia y secreto, especialmente sensibles cuando se introducen contratos, testimonios, estrategias o expedientes en plataformas externas.
El profesional tampoco podría defenderse afirmando que “la IA cometió el error”. La demanda, informe o recurso continúa siendo presentado bajo su responsabilidad. La tecnología puede asistir en el trabajo, pero no comparece ante el tribunal ni enfrenta las consecuencias de una negligencia.
ENSEÑAR A PENSAR ANTES DE AUTOMATIZAR
Universidades y estudios jurídicos necesitan establecer una frontera formativa. El abogado joven debería analizar primero el caso, preparar una propuesta propia y justificar su razonamiento. Recién después podría emplear IA para contrastar hipótesis, ordenar información o detectar omisiones.
También resulta indispensable mantener la mentoría de profesionales experimentados, la revisión comentada de escritos y la participación temprana en audiencias y reuniones con clientes. Allí se desarrollan capacidades que ningún generador automático garantiza: empatía, prudencia, negociación, oralidad y reacción ante la incertidumbre.
La IA puede formar mejores abogados si funciona como una contraparte crítica. Pero, utilizada como atajo permanente, podría producir algo mucho más preocupante: profesionales rápidos para redactar y peligrosamente lentos para pensar por sí mismos.
FUENTES
- Diario Gestión – Artículo de Eduardo Mercado
- Microsoft Research – Impacto de la IA generativa en el pensamiento crítico
- Universidad de Stanford – Alucinaciones jurídicas en modelos de lenguaje
- American Bar Association – Opinión Formal 512
- NIST – Marco de riesgos de la inteligencia artificial generativa
- PCM – Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM
- UNESCO – Inteligencia artificial y pensamiento crítico