WASHINGTON/CARACAS.– Venezuela vuelve a ocupar el centro de la disputa energética mundial tras conceder derechos de explotación por 100 años sobre 17 campos petroleros que concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. La decisión compromete cerca de una quinta parte de las reservas del país y entrega a Estados Unidos una posición privilegiada sobre uno de los mayores depósitos de crudo del planeta.
La beneficiaria directa es North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Sin embargo, el acuerdo permite que el Gobierno estadounidense ingrese a la estructura empresarial, acceda al petróleo a precios preferentes e intervenga en determinadas decisiones corporativas.
Aunque el pacto es presentado como una oportunidad para reconstruir la debilitada industria venezolana, sus alcances han encendido una pregunta explosiva: ¿se trata de una inversión histórica o de la entrega anticipada de la principal riqueza nacional?
65 MIL MILLONES DE BARRILES EN JUEGO
El convenio no supone la transferencia inmediata de 65 mil millones de barriles ya extraídos. Lo que Venezuela otorgó a NABEP son concesiones para operar durante un siglo campos que contendrían ese volumen de petróleo recuperable.
Las reservas probadas representan hidrocarburos que pueden extraerse con razonable certeza bajo determinadas condiciones económicas, técnicas y comerciales. Por ello, la existencia del crudo no garantiza que todo el volumen pueda producirse rápidamente ni que sea rentable hacerlo.
Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de reservas probadas, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Los campos incluidos en el pacto representarían aproximadamente el 20% de ese total y superarían, por sí solos, las reservas territoriales reconocidas de Estados Unidos.
WASHINGTON OBTIENE ACCIONES Y PETRÓLEO BARATO
El Pentágono, mediante su Oficina de Capital Estratégico, recibiría una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP. La Casa Blanca asegura que esta operación no demandará un desembolso directo de los contribuyentes estadounidenses.
El Departamento de Estado tendría, además, derecho a adquirir al costo de producción el 20% del petróleo obtenido en los campos actuales y futuros administrados por la compañía. También contaría con preferencia para comprar el volumen restante antes que otros clientes.
Washington dispondría de poder de veto sobre la designación de integrantes del directorio, cuya mayoría deberá estar compuesta por ciudadanos estadounidenses. La empresa utilizará auditores y asesores legales de ese país, mientras los acuerdos corporativos estarán sometidos a tribunales estadounidenses.
Estados Unidos no se convierte formalmente en propietario del subsuelo venezolano, pero obtiene participación accionaria, influencia administrativa y acceso garantizado a petróleo de bajo costo. Es una fórmula que coloca una porción estratégica del sector energético venezolano bajo una tutela externa sin necesidad de una transferencia territorial.
UN PETRÓLEO DIFÍCIL Y COSTOSO
Buena parte del petróleo venezolano se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudos pesados o extrapesados. Estos hidrocarburos presentan elevada viscosidad, alto contenido de azufre y concentraciones importantes de metales.
Para transportarlos y refinarlos se necesitan diluyentes, sistemas de calentamiento, plantas mejoradoras y refinerías equipadas con unidades de coquización y desulfuración. La explotación también exige rehabilitar oleoductos, estaciones de bombeo, terminales, instalaciones eléctricas y plantas deterioradas tras años de limitada inversión.
Por tanto, el acuerdo no provocará una avalancha inmediata de petróleo barato. Transformar esas reservas en combustible comercial demandará decenas de miles de millones de dólares y podría tardar varios años.
LA CARRERA DE LAS PETROLERAS
Venezuela produce actualmente cerca de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los aproximadamente tres millones alcanzados a finales de la década de 1990. El deterioro de PDVSA, las sanciones, la corrupción, las nacionalizaciones y la fuga de personal especializado redujeron su capacidad.
Chevron anunció inversiones cercanas a 7 mil millones de dólares para duplicar su producción hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en cinco años. Eni también proyecta invertir alrededor de 1.500 millones de dólares en el campo Junín 5.
Otras compañías mantienen cautela. ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron Venezuela después de las nacionalizaciones de 2007 y continúan reclamando estabilidad contractual, garantías jurídicas y mecanismos confiables para resolver controversias.
¿RECUPERACIÓN O ENTREGA HISTÓRICA?
La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó el acuerdo. La reforma petrolera aprobada en enero amplió la participación privada, flexibilizó impuestos y permitió nuevos contratos de producción.
La líder opositora María Corina Machado cuestionó la legitimidad y transparencia del pacto, señalando que la riqueza petrolera pertenece a los venezolanos y que únicamente un gobierno democrático puede ofrecer seguridad duradera a los inversionistas.
Para Caracas, el convenio promete capital, tecnología y recuperación productiva. Para Washington, representa petróleo barato, seguridad energética y menor influencia de Rusia y China en la región. Sin embargo, conceder derechos durante 100 años significa condicionar decisiones que alcanzarán a varias generaciones. Venezuela podría estar abriendo el camino hacia su reconstrucción, pero también comprometiendo su mayor tesoro mucho más allá de la vida política de quienes firmaron el acuerdo.
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