El Perú acaba de elegir a Keiko Fujimori como presidenta de la República después de una segunda vuelta extremadamente ajustada. Su triunfo es legal y fue oficialmente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la democracia no puede evaluarse únicamente contando votos: también debe preguntarse qué calidad tenían las alternativas, cómo llegaron hasta allí y qué intereses representan las fuerzas que ahora volverán a controlar el Ejecutivo y el Congreso.
La nueva presidenta arrastra uno de los mayores niveles históricos de resistencia electoral de la política peruana. Durante la campaña de 2021, encuestas y análisis periodísticos mostraron que su antivoto superaba ampliamente el 60 % y, al sumar a quienes afirmaban que probablemente o definitivamente no votarían por ella, la resistencia potencial podía superar el 70 %. En 2026 logró reducir ese rechazo lo suficiente para ganar, pero eso no significa que el país haya olvidado su pasado ni que su victoria represente una adhesión mayoritaria y entusiasta.
UNA ELECCIÓN ENTRE EL MIEDO Y EL DESCARTE
Keiko Fujimori ganó con poco más del 50,1 % de los votos válidos, superando a Roberto Sánchez por alrededor de 50 000 votos entre más de 18 millones. Sánchez obtuvo mayor respaldo dentro del territorio nacional, mientras que el voto en el extranjero terminó inclinando el resultado. El país no quedó unido: quedó partido prácticamente por la mitad.
Una parte de los ciudadanos votó por Fujimori. Otra votó contra Sánchez. Del mismo modo, millones respaldaron a Sánchez no necesariamente por convicción, sino para impedir el regreso del fujimorismo al poder.
Ese es el verdadero drama: el voto por el “mal menor” dejó de ser una situación excepcional y se convirtió en el mecanismo habitual de selección presidencial. El elector ya no busca al candidato más preparado, sino al que le provoca menos temor. Las elecciones no producen esperanza; administran rechazos.
MUCHOS PARTIDOS, CASI NINGUNA REPRESENTACIÓN
Las elecciones de 2026 registraron una cantidad histórica de candidaturas y organizaciones políticas. La fragmentación llegó a niveles extremos, con decenas de partidos y más de treinta aspirantes presidenciales. Lejos de ampliar verdaderamente la libertad de elección, esta atomización produjo confusión, dispersión del voto y candidatos que llegaron a la segunda vuelta con respaldos iniciales reducidos.
El Perú tiene partidos inscritos, pero pocos partidos sólidos. Muchas organizaciones no mantienen vida interna permanente, formación de cuadros ni presencia territorial real. Funcionan como marcas electorales disponibles para candidatos, financistas y operadores.
Cuando termina la elección, las bancadas se dividen. En apenas 18 meses del Congreso 2021-2026, más de una cuarta parte de sus integrantes ya había cambiado de agrupación parlamentaria. Perú Libre, que llegó con 37 congresistas y condujo a Pedro Castillo a la Presidencia, fue la bancada que sufrió la mayor fragmentación.
EL CONGRESO NO FISCALIZÓ: NEGOCIÓ SU SUPERVIVENCIA
Durante los últimos años, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular y otras bancadas que públicamente se presentaban como adversarias votaron juntas en decisiones fundamentales.
Investigaciones periodísticas han descrito la formación de una coalición parlamentaria capaz de intervenir en organismos autónomos, inhabilitar funcionarios, impulsar reformas institucionales y bloquear investigaciones contra autoridades cercanas a sus intereses. IDL-Reporteros calificó esta actuación como un pacto que buscó capturar instituciones y aprobar normas favorables a sus integrantes.
Las diferencias ideológicas desaparecieron cuando estuvieron en juego el poder, la protección política o el control de instituciones. Fuerza Popular y Perú Libre podían enfrentarse frente a las cámaras, pero coincidieron con APP, Podemos y otras agrupaciones en votaciones para remover a integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
El comportamiento de APP resulta especialmente revelador. Un análisis de OjoPúblico determinó que, durante el gobierno de Dina Boluarte, la mayoría de sus congresistas la protegió en el 85 % de las mociones de vacancia, censura e interpelación examinadas. Durante tres años, las bancadas que finalmente la destituyeron también la habían blindado reiteradamente mientras su permanencia resultaba políticamente conveniente.
PARTIDOS CONVERTIDOS EN AGENCIAS DE EMPLEO
La utilización del Estado para beneficiar a militantes y aportantes tampoco fue una sospecha aislada. Una investigación de OjoPúblico encontró que aportantes de APP, Fuerza Popular, Podemos Perú y Perú Libre consiguieron puestos de trabajo en el Congreso. En el caso de Alianza para el Progreso, cerca del 29 % de los aportantes analizados había sido contratado por el Legislativo.
Esto demuestra que ciertas organizaciones no solo buscan ganar elecciones: también administran empleos, cuotas de poder y espacios institucionales. Los partidos que deberían formar ciudadanos y construir propuestas terminan funcionando como agencias de colocación para allegados.
LA REFORMA POLÍTICA TAMBIÉN FUE SECUESTRADA
El Congreso modificó las reglas electorales, restituyó la bicameralidad y rediseñó instituciones que serán utilizadas por los propios partidos que aprobaron esos cambios. No toda reforma es necesariamente perjudicial, pero resulta ingenuo creer que una clase política desacreditada reformará voluntariamente el sistema para perder poder.
Una reforma real debería establecer elecciones internas efectivas, financiamiento transparente, sanciones contra la venta de candidaturas, permanencia territorial verificable y controles contra el transfuguismo. También tendría que impedir que partidos sin militancia ni actividad continua sobrevivan únicamente mediante firmas, alianzas coyunturales y candidatos invitados.
¿DEBEMOS SEGUIR DEJANDO PASAR ESTO?
Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el 28 de julio con un Congreso fragmentado y con fuerzas políticas que durante los últimos cinco años demostraron que pueden enfrentarse en público y asociarse en privado.
La nueva mandataria promete reconciliación y un gobierno técnico. Sin embargo, la experiencia reciente obliga a desconfiar. Las mismas organizaciones que dicen defender la democracia han debilitado organismos autónomos, protegido autoridades mientras les resultaban útiles y utilizado el Parlamento para distribuir puestos y asegurar supervivencia política.
El sistema funciona formalmente: organiza elecciones, proclama ganadores y renueva autoridades. Pero cada vez funciona menos para representar a la ciudadanía y cada vez mejor para conservar a quienes ya controlan el poder.
El Perú sigue votando. Lo verdaderamente escandaloso es que los partidos parecen haber aprendido que pueden decepcionar, fragmentarse, blindarse y regresar cinco años después con un nuevo eslogan, porque saben que la ciudadanía terminará obligada a escoger nuevamente entre ellos.
FUENTES
- Jurado Nacional de Elecciones.
- Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- Ipsos Perú.
- El Comercio.
- Reuters.
- El País.
- IDL-Reporteros.
- OjoPúblico.
- Ceplan.
- Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.