
Bernie Navarro llegó a Lima con una agenda que combina contactos políticos y defensa de intereses estadounidenses. Los reportajes sobre sus reuniones y las presiones empresariales frente al capital chino plantean preguntas sobre soberanía, transparencia y competencia. Su trayectoria financiera también exige precisiones: una demanda civil terminó mediante un acuerdo.
Bernie Navarro presentó sus cartas credenciales al entonces presidente José Jerí el 3 de febrero de 2026. Su llegada colocó en primer plano una disputa que atraviesa negocios y política: la competencia entre Estados Unidos y China por influencia en el Perú. La diplomacia comercial tiene límites, y conocerlos resulta indispensable cuando coinciden inversiones estratégicas y conversaciones con candidatos presidenciales.
Según el reportaje de Eloy Marchán publicado en Hildebrandt en sus trece el 20 de febrero, Navarro sostuvo encuentros privados con Keiko Fujimori y César Acuña. También se habría previsto una reunión con Rafael López Aliaga, cancelada finalmente. La publicación señaló que la embajada no respondió sobre estos contactos. Esa falta de información alimenta suspicacias, aunque las reuniones, por sí solas, no prueban intervención electoral.
SOBERANÍA BAJO LA LUPA
El artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas obliga a los representantes extranjeros a respetar las normas del país receptor y abstenerse de intervenir en sus asuntos internos. Su artículo 3 reconoce funciones de representación, negociación y promoción de relaciones económicas. El debate requiere, por tanto, examinar actuaciones concretas y distinguir gestiones diplomáticas permitidas de eventuales presiones políticas.
El reportaje también describió una carta de AMCHAM dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros para cuestionar la concentración de inversiones chinas en electricidad. Se trata de una posición empresarial atribuida a esa organización; equipararla automáticamente con una orden del Gobierno estadounidense sería una conclusión que necesita pruebas adicionales.
ELECTRICIDAD, MILLONES Y PODER
La operación energética mencionada sí tiene respaldo documental. ACCIONA Energía anunció que el 16 de diciembre de 2025 cerró la venta del parque eólico San Juan de Marcona a Luz del Sur. El precio final comunicado fue US$256 millones, distinto de los US$253 millones previstos inicialmente, sujetos a ajustes. La instalación tiene 135,7 megavatios de potencia y la transacción obtuvo autorización de Indecopi.
La precisión técnica importa: los megavatios expresan potencia instalada, mientras los megavatios hora miden energía producida durante un periodo. Por ello, sumar capacidades de centrales no permite afirmar automáticamente qué porcentaje de la generación nacional controlan sus propietarios. Esa participación requiere contrastar producción efectiva, periodo de medición y empresas comprendidas.
Asimismo, generación y distribución son actividades diferentes. La primera produce electricidad; la segunda la entrega mediante redes a los usuarios. Osinergmin explicó, al evaluarse la venta de Luz del Sur en 2020, que el cambio de propietario no modificaba por sí mismo las tarifas y recordó restricciones para comprar energía a empresas vinculadas sin licitación supervisada.
El riesgo económico que merece vigilancia es la posibilidad de favorecer proveedores relacionados o restringir competencia. La nacionalidad del inversionista aporta contexto geopolítico, pero el análisis regulatorio debe considerar control empresarial, contratos, barreras de entrada y protección del consumidor.
Bernie Perú
La segunda nota adjunta abordó los antecedentes financieros de Navarro y Benworth Capital. El registro judicial confirma que el Banco de la Reserva Federal de San Francisco presentó una demanda civil el 10 de julio de 2024 contra empresas del grupo y Bernardo y Claudia Navarro.
Sin embargo, existe una actualización decisiva: el 10 de septiembre de 2025, el tribunal dispuso la desestimación definitiva de las reclamaciones tras un acuerdo confidencial. El Miami Herald informó sobre ese arreglo y recogió la posición de Benworth, que negó una determinación de responsabilidad. Presentar hoy aquel expediente como una condena penal o como una demanda todavía pendiente sería incorrecto.
Publicar agendas, identificar a los participantes y explicar los temas tratados ayudaría a despejar dudas. En materia eléctrica, divulgar las condiciones de autorización y supervisar su cumplimiento permitiría discutir riesgos reales, evitando que la rivalidad internacional sustituya la fiscalización de operaciones empresariales concretas.
La controversia deja una exigencia pública razonable: mayor transparencia sobre contactos políticos y argumentos económicos. El Perú necesita inversiones y cooperación, pero también autoridades capaces de defender decisiones sustentadas. Entre reuniones reservadas y negocios millonarios, el silencio resulta un combustible peligroso para la desconfianza ciudadana.
FUENTES
- Hildebrandt en sus trece: «Gringo metiche» y «Bernie Perú», notas adjuntas de Eloy Marchán.
- Presidencia del Perú: presentación de cartas credenciales de Navarro.
- OEA: Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
- ACCIONA Energía: cierre de la venta de San Juan de Marcona.
- Osinergmin: venta de Luz del Sur y tarifas eléctricas.
- Dr. Docket: expediente judicial y acuerdo de septiembre de 2025.
- Miami Herald, reproducido por AOL: acuerdo entre Navarro y la Reserva Federal.
