El Congreso de la República elegido para el periodo 2021-2026 podría pasar a la historia como el peor Parlamento que ha tenido el Perú. No solamente por su altísima desaprobación ciudadana, sino por una combinación difícil de igualar: congresistas investigados, presuntos recortes de sueldo a trabajadores, denuncias sexuales, contrataciones cuestionadas, blindajes políticos, leyes favorables a investigados y reformas que debilitaron los contrapesos democráticos.
Durante cinco años, el Legislativo dejó de ser percibido como una institución dedicada a representar a la ciudadanía. Para una gran parte de los peruanos se convirtió en una maquinaria de supervivencia política, distribución de puestos y protección mutua. Mientras la inseguridad, la informalidad y la pobreza exigían respuestas urgentes, el Parlamento parecía concentrado en ampliar su poder y asegurar la continuidad de sus integrantes.
CINCO PRESIDENCIAS Y UN DESPRESTIGIO IMPARABLE
María del Carmen Alva inició el periodo con un estilo confrontacional, constantes enfrentamientos con el Ejecutivo y declaraciones que provocaron críticas incluso fuera del país. Su conducción no consiguió recuperar la imagen del Congreso y reforzó la percepción de una institución más interesada en disputar el poder que en solucionar problemas.
Lady Camones permaneció apenas 44 días en el cargo. Fue censurada después de difundirse audios en los que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, le solicitaba impulsar una iniciativa favorable a los intereses políticos de su partido. El episodio mostró una preocupante subordinación de la agenda parlamentaria a cálculos electorales.
José Williams asumió durante la caída de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte. Posteriormente llegaron Alejandro Soto, cuestionado por investigaciones y por una norma sobre prescripción que podía favorecerlo, y Eduardo Salhuana, criticado por sus vínculos políticos con sectores relacionados con la minería informal. Fernando Rospigliosi terminó encabezando el cierre del último Congreso unicameral.
“LOS NIÑOS”: VOTOS A CAMBIO DE PODER
Uno de los primeros grandes escándalos fue el caso conocido como “Los Niños”. La Fiscalía investigó a un grupo de congresistas de Acción Popular por presuntamente negociar votos favorables al gobierno de Pedro Castillo a cambio de obras, cargos públicos y beneficios políticos.
El caso reveló cómo algunos parlamentarios podían utilizar su voto como moneda de intercambio. En lugar de fiscalizar al Gobierno, habrían buscado obtener ventajas dentro del aparato estatal. Las investigaciones incluyeron señalamientos sobre contrataciones y direccionamiento de obras públicas, profundizando la impresión de que el Congreso había sido convertido en un mercado de favores.
MOCHASUELDOS, TRABAJADORES SOMETIDOS Y DINERO DEVUELTO
Otro capítulo vergonzoso fue el de los denominados “mochasueldos”. Diversos congresistas fueron denunciados por supuestamente exigir a trabajadores de sus despachos que entregaran una parte de sus remuneraciones, bonificaciones o asignaciones.
El Parlamento, que debía proteger los derechos laborales, terminó albergando casos en los que servidores públicos habrían sido presionados para financiar actividades personales o políticas de sus empleadores. Algunos legisladores enfrentaron investigaciones fiscales y procesos en la Comisión de Ética, aunque las sanciones fueron consideradas insuficientes.
Hasta enero de 2024, la Comisión de Ética había recibido alrededor de 150 denuncias desde el inicio del periodo, pero solo cuatro congresistas habían sido suspendidos. Una gran cantidad de casos fue archivada, terminó sin sanción o recibió castigos menores, alimentando la percepción de blindaje corporativo.
DENUNCIAS SEXUALES Y UNA PRESUNTA RED DE PROSTITUCIÓN
El Congreso también fue sacudido por la denuncia contra el excongresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora dentro de una oficina parlamentaria. El caso mostró el nivel de vulnerabilidad que podían enfrentar quienes trabajaban dentro de una institución supuestamente vigilada y protegida.
Posteriormente surgieron denuncias sobre una presunta red de prostitución vinculada a contrataciones dentro del Congreso. El caso adquirió mayor gravedad tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora parlamentaria relacionada con las investigaciones. Aunque las responsabilidades deben establecerse judicialmente, el episodio dejó la imagen de una institución atravesada por redes oscuras, favores y contrataciones sin suficiente transparencia. Los casos de “Los Niños”, los “mochasueldos” y la presunta red de prostitución se convirtieron en símbolos del deterioro parlamentario.
LEYES QUE DEBILITARON LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
Mientras la extorsión, el sicariato y el crimen organizado crecían, el Congreso aprobó modificaciones penales cuestionadas por fiscales, jueces y especialistas. Entre ellas se encontraron cambios en la definición de organización criminal, restricciones a herramientas de investigación y normas que redujeron la capacidad de persecución de determinados delitos.
Human Rights Watch advirtió que diversas decisiones legislativas debilitaron la independencia judicial, la capacidad del Ministerio Público, la protección ambiental y la lucha contra organizaciones criminales. Un análisis posterior identificó a 17 congresistas que votaron reiteradamente a favor de seis normas calificadas como “procrimen” por sus críticos.
El absurdo resulta difícil de ignorar: mientras los ciudadanos exigían seguridad, una parte del Parlamento aprobaba leyes que podían facilitar el trabajo de quienes debían ser investigados.
ASALTO A LOS CONTRAPESOS INSTITUCIONALES
El Congreso también impulsó decisiones contra la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y otros organismos constitucionalmente autónomos. Promovió investigaciones, inhabilitaciones y proyectos de reorganización que fueron interpretados como intentos de controlar o debilitar instituciones encargadas de investigar a políticos.
A ello se sumaron nombramientos cuestionados en el Tribunal Constitucional, la elección del defensor del pueblo, la contrarreforma universitaria y la restitución de la bicameralidad. Esta última fue aprobada pese a que el retorno a dos cámaras había sido rechazado ampliamente en el referéndum de 2018. La reforma creó 130 diputados y 60 senadores, amplió las posibilidades de reelección parlamentaria y modificó más de cincuenta artículos constitucionales.
UNA BOMBA FISCAL PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO
El daño también fue económico. El Consejo Fiscal advirtió que, desde 2021, el Congreso aprobó cientos de normas con impacto presupuestal adverso, muchas de ellas sin financiamiento permanente ni evaluación técnica suficiente. Para octubre de 2025 ya se contabilizaban 229 leyes con consecuencias fiscales, más de tres veces el promedio histórico.
Al mismo tiempo, el presupuesto parlamentario creció aceleradamente. Para 2026 superó los S/1.700 millones debido, entre otros factores, a la implementación de la bicameralidad, nuevas instalaciones, mayores planillas y gastos operativos.
UN CONGRESO QUE SOBREVIVIÓ, PERO DEJÓ HERIDO AL PAÍS
Este Congreso no solo acumuló escándalos individuales. Construyó un modelo de poder basado en pactos coyunturales, protección recíproca y debilitamiento de controles. Sobrevivió a la caída de presidentes, cambió reglas constitucionales y amplió sus privilegios, pero terminó todavía más alejado de la ciudadanía.
Llamarlo “el peor Congreso de la historia del Perú” puede ser una valoración política, pero existen razones suficientes para sostenerla. Pocas veces una institución reunió simultáneamente tanta desaprobación, tantos investigados, tantos cuestionamientos éticos y tanta capacidad para modificar el Estado en beneficio de quienes ya tenían poder.
El mayor temor es que el desastre no termine con el cierre del periodo. Con el retorno del Senado y la posibilidad de reelección, muchos de sus protagonistas podrían volver. El Congreso más desprestigiado de la historia podría no haber desaparecido: quizá solo se ha dividido en dos cámaras.
FUENTES:
- Pontificia Universidad Católica del Perú
- Congreso de la República
- Oficina Nacional de Procesos Electorales
- Consejo Fiscal del Perú
- Human Rights Watch
- Convoca
- OjoPúblico
- El Comercio
- Agencia Andina
- Infobae Perú