La carrera por la Alcaldía Provincial de Arequipa empezó con una alerta incómoda: entre los aspirantes aparecen candidatos con sentencias anuladas o absueltas, investigaciones fiscales, inhabilitaciones administrativas, cuestionamientos por contrataciones municipales y vínculos políticos que reabren heridas recientes en la gestión pública local. No se trata solo de “campaña sucia” ni de simples ataques electorales. En varios casos, los hechos provienen de expedientes judiciales, informes de control, procesos de vacancia o antecedentes públicos que el elector tiene derecho a conocer antes de votar.
De acuerdo con la información periodística revisada, entre las candidaturas que concentran mayor atención figuran Manuel Vera Paredes, Juan Roberto Muñoz Pinto, Elizabeth Amado Quispe y Ruccy Oscco Polar. El problema de fondo no es únicamente si pueden postular legalmente, sino si sus antecedentes afectan la confianza pública, la idoneidad ética y la credibilidad de quienes buscan conducir una municipalidad que administra presupuesto, obras, licencias, fiscalización urbana y servicios esenciales.
MANUEL VERA: LAVADO DE ACTIVOS, ABSOLUCIÓN Y NUEVO PROCESO
El caso más pesado es el de Manuel Vera Paredes, exalcalde y actual autoridad de Cerro Colorado, quien postula por Fuerza Arequipeña. En 2022, el Ministerio Público informó que obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de libertad por lavado de activos. La Fiscalía sostuvo que no pudo justificar el dinero utilizado para adquirir un inmueble valorizado en más de S/ 86 mil, realizar un depósito bancario de S/ 100 mil y comprar un vehículo de casi US$ 14 mil. Esa sentencia quedó suspendida hasta que fuera revisada en segunda instancia.
Posteriormente, según la nota revisada, Vera retomó funciones luego de que la Corte Suprema lo absolviera. Sin embargo, el asunto no quedó cerrado políticamente: existe otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado con un supuesto desbalance patrimonial de entre S/ 100 mil y S/ 128 mil durante los años 2009 y 2012. Técnicamente, aquí es clave diferenciar lavado de activos, que exige analizar el origen presuntamente ilícito de bienes o dinero, de enriquecimiento ilícito, que evalúa si un funcionario incrementó su patrimonio sin justificación razonable durante el ejercicio del cargo.
ROBERTO MUÑOZ: EL JACUZZI, LAS CONTRATACIONES Y LA INHABILITACIÓN
Juan Roberto Muñoz Pinto, alcalde de Socabaya y candidato por Arequipa Avancemos, también llega golpeado por varios episodios. La Contraloría detectó, a poco de iniciada su gestión, la instalación de un jacuzzi y una máquina trotadora en ambientes municipales sin órdenes de servicio formalmente emitidas, dentro de una intervención sobre remodelaciones del palacio municipal. Aunque pueda sonar anecdótico, técnicamente el punto no es el jacuzzi en sí, sino la trazabilidad del gasto público: toda contratación estatal debe contar con requerimiento, disponibilidad presupuestal, orden de servicio, conformidad y sustento documental.
A ello se sumó una denuncia política por presunto favorecimiento en contrataciones municipales superiores a S/ 2,2 millones a una empresa vinculada, según la denunciante, a una persona cercana al alcalde. El pedido de vacancia fue declarado infundado por el JNE, al considerar que las pruebas no acreditaban un interés directo suficiente. No obstante, el costo político permanece. También se reportó la contratación de César Choque Ticona, sentenciado por terrorismo, como asesor legal municipal, situación que generó una fuerte controversia pública. Además, la Contraloría lo inhabilitó por tres años por hechos vinculados a su paso por la Municipalidad de Cayma.
ELIZABETH AMADO Y EL FACTOR VÍCTOR HUGO RIVERA
Elizabeth Amado Quispe, exsubgerenta de Saneamiento, Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, postula por Alianza para el Progreso. Su mayor flanco no nace directamente de una sentencia personal, sino de su decisión política: llevar como primer regidor a Víctor Hugo Rivera, exalcalde de Arequipa vacado por el caso conocido como “Flechita”, vinculado a la contratación de una persona relacionada con el cuidado y paseo de su mascota dentro de la municipalidad y en horario laboral.
Desde el punto de vista jurídico-administrativo, este tipo de casos suele analizarse bajo figuras como conflicto de intereses, uso indebido de recursos públicos, infracción al deber de probidad y afectación al principio de neutralidad funcional. Amado defendió la incorporación de Rivera argumentando que conoce los problemas de la ciudad y tiene experiencia de gestión. Pero electoralmente la jugada es riesgosa: en una ciudad cansada de escándalos municipales, reciclar figuras cuestionadas puede interpretarse como pragmatismo político o como una bofetada a la memoria ciudadana.
RUCCY OSCCO: CONTINUIDAD, DEBILIDAD POLÍTICA Y CUESTIONAMIENTOS FAMILIARES
Ruccy Oscco Polar, actual alcaldesa provincial, busca ahora legitimarse en las urnas con Primero La Gente. Llegó al cargo no por elección directa como alcaldesa, sino por sucesión, al haber sido primera regidora de Víctor Hugo Rivera. Su principal cuestionamiento es político y de gestión: cuando fue regidora, no logró que ninguna ordenanza de su autoría fuera aprobada en sesión de concejo, según la información revisada. Además, su hoja de vida no registraba estudios universitarios ni técnicos, un dato que no impide postular, pero sí abre debate sobre preparación, capacidad técnica y liderazgo institucional.
También se mencionan denuncias fiscales y policiales vinculadas a su hermano, Hermes Oscco Polar. Aquí corresponde ser precisos: los antecedentes de un familiar no generan responsabilidad jurídica automática para una candidata. Sin embargo, en política, los entornos importan, especialmente cuando se discute influencia, confianza, acceso al poder y redes cercanas al gobierno municipal.
EL FILTRO LEGAL NO SIEMPRE ES FILTRO ÉTICO
El JNE cuenta con herramientas como la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, destinada a que las organizaciones políticas revisen información antes de presentar candidatos. Pero el sistema no reemplaza la responsabilidad de los partidos ni del elector. Una persona investigada no necesariamente está impedida de postular; una sentencia anulada no equivale a condena firme; y una denuncia no es prueba de culpabilidad. Sin embargo, la política exige un estándar mayor que el mínimo penal.
El verdadero escándalo es que Arequipa, una ciudad con problemas urgentes de transporte, informalidad, seguridad ciudadana, obras paralizadas y expansión urbana desordenada, vuelva a tener una campaña marcada por expedientes, vacancias, inhabilitaciones y sospechas. La pregunta ya no es solo quién promete más obras, sino quién puede administrar la ciudad sin convertir el municipio en otro capítulo judicial.
FUENTES:
El Comercio Perú.
Grupo de Diarios América – GDA.
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.
Jurado Nacional de Elecciones.
Contraloría General de la República.