A 100 días de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori enfrenta cuestionamientos sobre su independencia política, sus alianzas parlamentarias y su capacidad para impulsar reformas. El exministro Manuel Pulgar-Vidal advierte que los compromisos acumulados durante años podrían convertirse en una peligrosa carga para la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y la estabilidad económica del Perú.
La presidenta Keiko Fujimori cumple sus primeros 100 días de gobierno bajo una interrogante: ¿tiene realmente libertad para tomar decisiones o está condicionada por quienes contribuyeron a llevarla al poder?
En un artículo de opinión publicado por Inforegión el 3 de noviembre de 2026, el exministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal identifica nueve compromisos políticos que, según su interpretación, restringen la autonomía presidencial. Su análisis plantea que las alianzas necesarias para alcanzar el poder pueden convertirse en obstáculos cuando los intereses particulares prevalecen sobre las necesidades nacionales.
La preocupación adquiere especial relevancia considerando la estrecha victoria electoral de Fujimori. Según el Jurado Nacional de Elecciones, obtuvo el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % de Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 49.641 votos. Este resultado evidencia una sociedad profundamente dividida y exige una gestión capaz de construir consensos más allá de sus aliados.
1. LA DEUDA MILITAR: EL PESO DEL FUJIMORISMO HISTÓRICO
Pulgar-Vidal sostiene que la relación del fujimorismo con determinados sectores militares constituye una herencia política que podría limitar las decisiones del Ejecutivo.
El debate comprende las responsabilidades por violaciones de derechos humanos, las pensiones militares y las prioridades presupuestales de defensa.
Desde una perspectiva técnica, cualquier incremento del gasto militar debe sustentarse en evaluaciones de riesgo, análisis costo-beneficio y criterios de sostenibilidad fiscal. La cercanía política con las Fuerzas Armadas no demuestra por sí misma interferencia institucional, pero exige transparencia para prevenir decisiones discrecionales.
2. LA DEUDA POLICIAL: SEGURIDAD FRENTE A IMPUNIDAD
Otra preocupación es la relación del poder político con la Policía Nacional, especialmente después de las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 50 civiles fallecidos en el contexto de aquellas manifestaciones.
La cuestión central es si el gobierno puede fortalecer la seguridad ciudadana sin debilitar los mecanismos de investigación y rendición de cuentas.
Una reforma policial efectiva requiere controles disciplinarios independientes, inteligencia criminal, supervisión del uso de la fuerza y evaluación de resultados, no únicamente mayores atribuciones operativas.
3. LA DEUDA CON LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
El autor cuestiona los vínculos políticos históricos entre sectores del fujimorismo y representantes de la minería informal, especialmente por las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Sin embargo, debe distinguirse entre minería informal, actividades ilegales y organizaciones criminales: no son categorías equivalentes.
El desafío consiste en impedir que los mecanismos de formalización se conviertan en instrumentos de permanencia indefinida sin cumplimiento ambiental, tributario ni laboral.
Las acusaciones sobre eventuales compromisos con organizaciones criminales requieren pruebas individualizadas y no pueden considerarse acreditadas únicamente por la existencia de acuerdos políticos.
4. LA DEUDA CON LA CORRUPCIÓN Y LOS PACTOS PARLAMENTARIOS
Pulgar-Vidal cuestiona las coincidencias legislativas entre Fuerza Popular y otras agrupaciones, especialmente Perú Libre, que considera políticamente perjudiciales para la institucionalidad.
La preocupación se concentra en normas que podrían debilitar la persecución penal o dificultar investigaciones.
Desde el análisis legislativo, evaluar estas afirmaciones exige examinar votaciones, modificaciones normativas y efectos concretos sobre los procesos judiciales.
El riesgo político es evidente: una presidenta que depende de determinados acuerdos parlamentarios podría enfrentar dificultades para impulsar reformas contrarias a los intereses de sus aliados.
5. LA DEUDA CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL SISTEMA DE JUSTICIA
El exministro advierte sobre una presunta red de protección política que involucraría a autoridades e instituciones responsables de administrar justicia.
Sus señalamientos constituyen una interpretación política, no una demostración judicial de acuerdos ilícitos.
Sin embargo, el problema institucional merece atención: cuando los nombramientos, las investigaciones y las decisiones judiciales quedan expuestos a presiones partidarias, disminuye la confianza ciudadana.
La independencia del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia resulta indispensable para evitar conflictos de intereses y garantizar investigaciones sin interferencias.
6. LA DEUDA FISCAL: PRIVILEGIOS QUE PODRÍAN PAGAR TODOS LOS PERUANOS
Uno de los cuestionamientos más importantes apunta a los beneficios tributarios, las presiones sectoriales y el incremento del gasto público.
El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió, en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, que diversas iniciativas legislativas reducen el espacio fiscal y amenazan la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El documento proyecta un crecimiento económico del 3,4 % para 2026 y 2027, aunque alcanzar esas cifras no garantiza automáticamente una recuperación fiscal.
Técnicamente, el problema aparece cuando los gastos permanentes aumentan sin ingresos suficientes para financiarlos.
El peligro es que los compromisos políticos terminen trasladando sus costos al presupuesto nacional, limitando los recursos destinados a infraestructura, salud y educación.
7. LA DEUDA CON ESTADOS UNIDOS: ¿ALIANZA O DEPENDENCIA?
Pulgar-Vidal cuestiona el acercamiento del gobierno peruano a Estados Unidos y sus posibles consecuencias para la autonomía diplomática.
La preocupación surge en un contexto de competencia económica y geopolítica entre Washington y Pekín.
El Perú necesita preservar relaciones comerciales diversificadas, considerando la importancia de China como socio comercial e inversionista.
El acercamiento estadounidense no constituye necesariamente subordinación. No obstante, la política exterior debe evaluarse según sus efectos sobre las exportaciones, inversiones, seguridad y capacidad de negociación del país.
8. LA DEUDA CON LA EXTREMA DERECHA
El artículo también cuestiona el endurecimiento del discurso presidencial y su acercamiento a modelos de seguridad como el de Nayib Bukele.
La agencia EFE informó que los primeros meses de Fujimori estuvieron marcados por una estrategia de seguridad militarizada y una aproximación diplomática a Estados Unidos y El Salvador.
El desafío consiste en combatir eficazmente la delincuencia sin deteriorar las garantías constitucionales.
La autoridad presidencial debe medirse mediante resultados verificables, disminución de homicidios, reducción de extorsiones y fortalecimiento institucional, no únicamente por discursos de mano dura.
9. LA DEUDA CON RAFAEL LÓPEZ ALIAGA
La última deuda identificada por Pulgar-Vidal involucra al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y su influencia parlamentaria.
El autor sostiene que los acuerdos políticos podrían restringir la capacidad presidencial para cuestionar decisiones relacionadas con el endeudamiento municipal.
Desde una perspectiva financiera, es indispensable distinguir entre deuda municipal y deuda soberana. Las obligaciones de una municipalidad no se trasladan automáticamente al Gobierno nacional.
Cualquier eventual respaldo estatal requeriría mecanismos legales y presupuestarios específicos.
DEMASIADAS DEUDAS PARA PODER GOBERNAR
Los primeros 100 días dejan señales contradictorias. Mientras el Ejecutivo destaca sus operativos de seguridad y medidas preventivas frente a El Niño, persisten cuestionamientos sobre sus resultados.
Un balance publicado por RPP señala que el gobierno solicitó facultades legislativas en 66 materias, pero consiguió autorización en 27. El mismo informe recoge evaluaciones favorables sobre la continuidad de la política económica y críticas sobre determinados nombramientos ministeriales.
La pregunta ya no consiste únicamente en identificar los compromisos políticos de Fujimori, sino en determinar cuáles afectan efectivamente las decisiones del Estado.
COLOFÓN: TODAVÍA HAY MARGEN PARA GOBERNAR
El mayor desafío presidencial será demostrar independencia frente a sus aliados y responder a las necesidades ciudadanas.
La lucha contra la delincuencia, la disciplina fiscal y la preparación frente a El Niño representan pruebas inmediatas.
La verdadera fortaleza de un gobierno no consiste en proteger a quienes lo sostienen políticamente, sino en poder contradecirlos cuando el interés nacional lo exige.
Si las alianzas terminan imponiéndose sobre las reformas, los costos podrían extenderse mucho más allá de los primeros 100 días.
FUENTES
- Inforegión — Manuel Pulgar-Vidal, Keiko Fujimori, demasiado endeudada para gobernar: A 100 días de gobierno y contando (3 de noviembre de 2026).
- Jurado Nacional de Elecciones — Proclamación oficial de resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
- Ministerio de Economía y Finanzas — Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos — Informe sobre las protestas sociales en Perú de 2022 y 2023.
- Defensoría del Pueblo — Informe Defensorial sobre la crisis política y la protesta social.
- Ministerio de Energía y Minas — Información oficial sobre el REINFO y el proceso de formalización minera.
- RPP Noticias — Balance de los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori (4 de noviembre de 2026).
- Agencia EFE — Informe sobre el acercamiento a Estados Unidos y el modelo de seguridad de Bukele (4 de noviembre de 2026).