La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, reconocido por intervenir en procesos de alto impacto político y casos de crimen organizado. La decisión, adoptada el 18 de septiembre, vuelve a encender las alarmas sobre el uso del régimen disciplinario como posible mecanismo de presión contra magistrados cuyas resoluciones incomodan al poder.
La destitución recibió los votos favorables de María Teresa Cabrera, Cayo Galindo, Rafael Ruiz y Germán Serkovic. Jaime de la Puente emitió un voto en discordia. Concepción Carhuancho se desempeñaba como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional.
Aunque corresponde a la JNJ investigar y sancionar faltas funcionales, organizaciones jurídicas, autoridades judiciales y una experta de las Naciones Unidas han advertido que el poder disciplinario no puede convertirse en una instancia para revisar, castigar o condicionar decisiones jurisdiccionales.
EL CASO MATEO CASTAÑEDA
El procedimiento que terminó con la destitución fue iniciado mediante la Resolución 163-2026-JNJ, después de que el Tribunal Constitucional remitiera documentación relacionada con la Sentencia 21-2026, correspondiente al expediente 01180-2025-PHC/TC.
El proceso se originó en un hábeas corpus presentado a favor del abogado Mateo Castañeda, exdefensor de Nicanor Boluarte. El Tribunal Constitucional determinó que se habían vulnerado sus derechos de defensa y pluralidad de instancia.
La JNJ atribuyó a Concepción Carhuancho una omisión funcional por no respetar los plazos para notificar la resolución que impuso prisión preventiva, conceder el recurso de apelación y elevarlo al órgano superior. Para la mayoría del pleno, estas demoras alcanzaron la gravedad suficiente para imponer la máxima sanción: expulsarlo de la carrera judicial.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. El voto discordante y los cuestionamientos formulados desde distintos sectores muestran que no existe consenso sobre la proporcionalidad de eliminar definitivamente a un juez por retrasos procesales, especialmente cuando podían evaluarse sanciones menos severas.
UNA CADENA DE PROCESOS CONTRA EL MISMO JUEZ
La destitución no aparece como un episodio aislado. Desde junio, Concepción Carhuancho cumplía una suspensión preventiva de seis meses dentro de otros procedimientos disciplinarios.
Uno de ellos estaba relacionado con una exposición académica en la que apareció una fotografía de Nicanor Boluarte dentro de un esquema sobre una presunta organización criminal. Posteriormente, el Tribunal Constitucional ordenó separar al magistrado de ese proceso al considerar afectado el principio de imparcialidad.
Otro procedimiento cuestionó que el juez aplicara control difuso para inaplicar normas aprobadas por el Congreso y no remitiera sus resoluciones en consulta ante la Corte Suprema. Concepción Carhuancho sostuvo que las decisiones ya habían sido apeladas y, por tanto, correspondía que fueran revisadas directamente por la instancia superior.
Aquí aparece el punto más peligroso: una cosa es sancionar corrupción, negligencia deliberada o conducta impropia, y otra muy distinta utilizar expedientes disciplinarios para fiscalizar la interpretación jurídica de un magistrado. Si cada resolución controvertida puede terminar en suspensión o destitución, la independencia judicial corre el riesgo de convertirse en una ficción.
LA ONU ADVIRTIÓ SOBRE EL RIESGO
Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su consternación por los procedimientos iniciados contra Concepción Carhuancho.
La experta advirtió que parte de los hechos ya habría sido revisada y archivada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, sin encontrar responsabilidad disciplinaria. También señaló que no sería la primera vez que la JNJ inicia procesos contra jueces o fiscales por actuaciones desarrolladas dentro del ejercicio ordinario de sus funciones.
Satterthwaite cuestionó la falta de proporcionalidad y de mecanismos suficientes para que los magistrados sancionados puedan obtener una revisión judicial independiente. Además, anticipó que una destitución marcaría un punto de inflexión en el uso indebido de las sanciones disciplinarias. La advertencia fue formulada antes de que la JNJ consumara la separación.
OTRO JUEZ DESTITUIDO EN SOLO 24 HORAS
El clima de sospecha se agravó porque, un día antes, la JNJ también destituyó al juez constitucional Juan Fidel Torres Tazo. Su caso estuvo vinculado con la tramitación del amparo y la medida cautelar que favorecieron a Delia Espinoza en su disputa por la Fiscalía de la Nación.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP había denunciado desde junio acciones de intimidación contra magistrados y una interferencia disciplinaria sobre asuntos jurisdiccionales. El Poder Judicial también rechazó públicamente las afectaciones a la autonomía de los jueces.
Dos destituciones consecutivas de magistrados relacionados con procesos políticamente explosivos alimentan una imagen devastadora: la del organismo encargado de proteger la idoneidad judicial convertido en una espada sobre quienes adoptan decisiones incómodas.
EL MENSAJE PARA LOS DEMÁS JUECES
La JNJ tiene competencia constitucional para destituir jueces por faltas muy graves, pero esa facultad exige motivación reforzada, debido proceso y estricta proporcionalidad. No puede emplearse para sustituir a los tribunales de apelación ni para corregir interpretaciones jurídicas discutibles.
La destitución todavía puede ser cuestionada mediante los mecanismos legales correspondientes. Entretanto, el mensaje que recibe el resto de la judicatura es inquietante: resolver casos sensibles puede costarles la carrera.
No existe todavía una sentencia que declare jurídicamente la existencia de una persecución institucional. Sin embargo, la acumulación de procesos, las destituciones sucesivas y la advertencia internacional justifican una investigación pública rigurosa. Cuando los jueces empiezan a temer más al órgano disciplinario que a equivocarse conforme a derecho, la justicia deja de ser independiente y comienza a obedecer.
FUENTES
- Infobae – JNJ destituye a Richard Concepción Carhuancho
- LP Derecho – Votación y fundamentos de la destitución
- La República – Advertencia de la relatora especial de la ONU
- Tribunal Constitucional – Caso Nicanor Boluarte
- IDEHPUCP – Pronunciamiento sobre independencia judicial
- LP Derecho – Destitución del juez Juan Torres Tazo