Mientras los incendios forestales dejan 12 fallecidos y miles de hectáreas afectadas, el Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta cuestionamientos por su respuesta a la emergencia y por una reciente modificación de las reglas económicas del desbosque. Los antecedentes de Fuerza Popular en la legislación forestal reavivan una pregunta: ¿el Estado está protegiendo los bosques o facilitando condiciones que podrían favorecer su desaparición?
EL PERÚ SE QUEMA MIENTRAS CRECEN LAS PREGUNTAS SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO
El Perú atraviesa una nueva emergencia ambiental. Los incendios forestales registrados durante octubre de 2026 han dejado víctimas mortales, comunidades indígenas amenazadas, animales calcinados y miles de hectáreas de vegetación destruidas.
Pero detrás de las llamas comienza a tomar fuerza una preocupación que va más allá de la capacidad del Gobierno para apagar incendios: ¿qué intereses pueden beneficiarse cuando desaparecen los bosques?
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hasta el 17 de octubre se reportaban 34 incendios forestales en diez regiones, de los cuales 19 continuaban activos y 15 estaban controlados. La superficie de cobertura natural afectada alcanzaba aproximadamente 11 700 hectáreas.
El 19 de octubre, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, informó que la emergencia había dejado 12 personas fallecidas y 832 afectadas por quemaduras.
Detrás de las estadísticas hay familias que han perdido cultivos, viviendas y medios de subsistencia. También existen ecosistemas cuya recuperación podría tomar décadas.
La tragedia ocurre bajo la administración de la presidenta Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, una organización política que ha participado anteriormente en controversiales decisiones legislativas relacionadas con la protección de los bosques amazónicos.
Esa trayectoria no demuestra responsabilidad en los incendios actuales, pero sí justifica examinar con especial atención las decisiones ambientales del Ejecutivo.
LA NORMA DE SERFOR QUE ABRE UNA NUEVA CONTROVERSIA
El 6 de septiembre de 2026, cuando el país ya atravesaba la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) publicó la Resolución N.º D000185-2026-MIDAGRI-SERFOR-DE, firmada por Desiderio Erasmo Otarola Acevedo, Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.
La disposición modificó la metodología utilizada para calcular el pago por retiro autorizado de cobertura forestal, un procedimiento aplicable a determinados proyectos que necesitan eliminar vegetación para desarrollar actividades económicas.
La controversia está en cómo se determina el valor económico de esa pérdida ambiental.
Las modificaciones introducen cambios en la valoración de componentes asociados a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Su efecto económico total depende de las características de cada proyecto y de la aplicación de la nueva fórmula.
Por ello, no puede afirmarse que la norma abarate indiscriminadamente todos los desmontes autorizados. Sin embargo, sí corresponde exigir al Serfor una comparación transparente entre las cantidades que se pagaban antes y las que se pagarían ahora.
El asunto es especialmente sensible porque los bosques no representan solamente madera o terreno disponible.
También regulan el ciclo del agua, almacenan carbono, protegen suelos y albergan especies que pueden desaparecer cuando su hábitat es destruido.
Una metodología económica que valore insuficientemente cualquiera de esos componentes puede generar incentivos contrarios a la conservación.
Hay, además, una distinción fundamental: la resolución regula el pago por desbosque autorizado, no las multas por provocar incendios forestales ilegales. Confundir ambos mecanismos llevaría a conclusiones equivocadas.
La verdadera pregunta es si la nueva regulación refleja adecuadamente el costo ambiental de eliminar vegetación y quiénes podrían resultar económicamente beneficiados.
LOS ANTECEDENTES DE FUERZA POPULAR Y LA LLAMADA LEY ANTIFORESTAL
La controversia actual no aparece en un vacío político.
En diciembre de 2023, el Congreso aprobó la insistencia de una modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, posteriormente publicada como Ley N.º 31973 en enero de 2024.
Sus críticos la denominaron «Ley Antiforestal», al considerar que determinadas disposiciones podían facilitar la regularización de actividades desarrolladas en terrenos previamente deforestados y debilitar controles ambientales.
Fuerza Popular tuvo una participación documentada en ese proceso.
La congresista fujimorista Nilza Chacón Trujillo impulsó la reconsideración que permitió retomar la votación en diciembre de 2023. Por su parte, María Zeta Chunga, también de Fuerza Popular y entonces presidenta de la Comisión Agraria, defendió la propuesta alegando que brindaría seguridad jurídica al sector agrícola.
Sus defensores consideraban que la reforma permitiría ordenar situaciones existentes y mejorar la estabilidad de las actividades productivas. Sus detractores advertían sobre riesgos para la Amazonía y los derechos indígenas.
El cuestionamiento alcanzó una dimensión constitucional.
El 26 de marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos disposiciones transitorias de la Ley 31973. Respecto de una de ellas, consideró que amenazaba los recursos forestales y de fauna silvestre; respecto de la otra, identificó vulneraciones relacionadas con el derecho a la consulta previa.
Ese pronunciamiento constituye un antecedente concreto de los problemas jurídicos que pueden surgir cuando las reformas forestales priorizan la regularización económica sin suficientes garantías ambientales.
Ahora, con Keiko Fujimori en la Presidencia, vuelve a discutirse una modificación de las reglas aplicables al aprovechamiento y retiro de cobertura forestal.
Son normas diferentes, aprobadas en contextos distintos. No existe evidencia suficiente para afirmar que respondan a un mismo acuerdo político o empresarial.
Sin embargo, la sucesión de controversias exige vigilancia pública sobre los criterios técnicos, las decisiones administrativas y los posibles beneficiarios de las modificaciones legales.
¿INCENDIOS ACCIDENTALES O BOSQUES QUEMADOS INTENCIONALMENTE?
Uno de los aspectos más inquietantes de la emergencia es que la gran mayoría de incendios forestales en el Perú tiene origen humano.
El propio Serfor informó en 2022 que aproximadamente el 95 % de estos siniestros se relacionaba con actividades humanas, principalmente quemas agrícolas, habilitación de terrenos y cambios de uso del suelo.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente señaló en 2023 que el porcentaje podía alcanzar el 98 %, según sus evaluaciones.
Esto significa que los incendios no pueden explicarse exclusivamente por las temperaturas elevadas, las sequías o el fenómeno de El Niño.
Existe una participación humana determinante.
Pero hay una diferencia esencial entre un incendio de origen humano y uno provocado deliberadamente.
Una quema agrícola que se descontrola por negligencia no es lo mismo que incendiar intencionalmente una extensión de bosque para obtener beneficios económicos.
Ambas situaciones pueden producir daños devastadores, pero requieren investigaciones y responsabilidades diferentes.
Julio Acosta, director de datos forestales de Cool Earth Perú, explicó a Mongabay Latam que algunos incendios pueden originarse en quemas agrícolas accidentales, mientras otros podrían estar relacionados con la intención de establecer cultivos ilícitos o actividades vinculadas al tráfico de tierras.
Esta posibilidad merece atención especial.
En ciertos territorios, la desaparición de vegetación puede anteceder a la ocupación de predios, la expansión agrícola ilegal o la instalación de otras actividades económicas.
Sin embargo, para determinar si existe una operación deliberada de ese tipo es indispensable identificar el punto de inicio del incendio, sus responsables y el uso posterior del terreno.
¿QUIÉN GANA CUANDO DESAPARECE UN BOSQUE?
Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que deberían formular las autoridades encargadas de investigar los incendios.
Cuando un bosque desaparece, el daño ambiental puede ser inmenso. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la transformación ilegal del terreno puede representar una oportunidad económica para quienes buscan ampliar áreas productivas u ocupar tierras.
Es precisamente esa posibilidad la que obliga a investigar los incendios más allá del momento en que se producen.
¿Quién controla actualmente los terrenos afectados? ¿Quién intenta ocuparlos después del fuego? ¿Existen solicitudes de formalización, cambios de uso o actividades comerciales posteriores? ¿Se han identificado patrones repetidos de incendios en zonas sujetas a presión económica?
Estas preguntas no significan que los incendios actuales hayan sido organizados por empresas, autoridades o grupos políticos. Tampoco existe evidencia presentada que vincule al Gobierno o a Fuerza Popular con su provocación.
Pero sí existe un precedente preocupante.
En septiembre de 2024, durante otra emergencia forestal, el Gobierno de Dina Boluarte anunció que no entregaría títulos de propiedad en zonas devastadas por incendios.
La entonces mandataria advirtió sobre personas que podían quemar grandes extensiones para posteriormente ingresar maquinaria y ampliar sus actividades agrícolas.
La declaración reconocía públicamente un riesgo: que el fuego pudiera utilizarse como mecanismo para transformar ilegalmente el territorio.
Dos años después, corresponde preguntar qué mecanismos efectivamente impiden que una superficie incendiada termine favoreciendo intereses económicos irregulares.
Sin ese seguimiento, el Estado podría apagar las llamas sin resolver las causas que favorecen su repetición.
COMUNIDADES INDÍGENAS: LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE UNA CRISIS RECURRENTE
En Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, los incendios forestales se prolongaron durante más de dos semanas.
La cobertura afectada llegó a aproximadamente 2500 hectáreas, según el reportaje de Mongabay Latam.
Entre las comunidades más perjudicadas figura Cutivireni, donde pobladores y brigadistas combatieron el fuego en condiciones especialmente difíciles.
Las imágenes difundidas mostraron personas intentando contener las llamas con equipos insuficientes e incluso utilizando bidones de agua.
También se reportaron dificultades para reemplazar a los brigadistas agotados.
Esta situación refleja un problema de coordinación entre las municipalidades, los gobiernos regionales y las instituciones nacionales encargadas de atender emergencias.
Los habitantes de estas zonas no solamente pierden vegetación.
También pueden quedarse sin cultivos, agua limpia, animales de consumo y recursos tradicionales de los que depende su subsistencia.
El fuego amenaza territorios que constituyen espacios de vida, cultura y patrimonio para comunidades indígenas.
Mientras tanto, el país continúa discutiendo cómo fortalecer la protección de sus bosques sin haber resuelto plenamente la capacidad de respuesta en las zonas más vulnerables.
EL FUEGO DESTRUYE MUCHO MÁS QUE ÁRBOLES
Las consecuencias ambientales se extienden desde los bosques amazónicos hasta los pajonales altoandinos y bofedales.
Estos ecosistemas cumplen funciones fundamentales en la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad y la estabilidad de los suelos.
Hasta la primera semana de octubre, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) había registrado 56 incendios que afectaron 20 áreas naturales protegidas, con aproximadamente 2000 hectáreas comprometidas.
Entre los espacios afectados figuran el Parque Nacional Huascarán, el Santuario Histórico de Machupicchu, la Reserva Nacional del Titicaca y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
Esta última constituye uno de los espacios naturales de mayor importancia para Arequipa.
Desde un punto de vista técnico, los incendios intensos pueden destruir materia orgánica, reducir la estabilidad de los suelos y favorecer la erosión durante las siguientes temporadas de lluvia.
También producen emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas finas que deterioran la calidad del aire.
La fauna enfrenta consecuencias difíciles de cuantificar.
Numerosos animales mueren directamente por las llamas, mientras otros sobreviven con lesiones, pierden sus refugios o quedan sin fuentes de alimentación.
Especialistas consultados por Mongabay han advertido que el Perú necesita mejorar los protocolos y centros de rescate de fauna silvestre durante emergencias ambientales.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: ¿MEDIDAS EFECTIVAS O GESTIÓN DE LA EMERGENCIA?
La presidenta Keiko Fujimori realizó un sobrevuelo en Cusco el 13 de octubre para supervisar la emergencia.
Durante la visita informó que dos incendios en la provincia de Calca habían sido controlados y destacó las labores realizadas mediante helicópteros, bomberos forestales y apoyo de las Fuerzas Armadas.
También se anunció la participación de un avión Spartan equipado para apoyar la descarga de agua.
Estas acciones forman parte de la respuesta operativa del Ejecutivo.
Sin embargo, los despliegues de emergencia no sustituyen las políticas preventivas.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advirtió el 13 de octubre que la prevención seguía siendo insuficiente y que las respuestas institucionales continuaban siendo tardías y desarticuladas.
La organización también subrayó la necesidad de establecer un manejo integral del fuego que contemple sus causas, los riesgos climáticos y las prácticas desarrolladas en cada territorio.
Aquí aparece otra contradicción que merece atención.
El Perú cuenta con un Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, actualizado para 2026 mediante el Decreto Supremo N.º 069-2026-PCM.
Por tanto, no se trata de una ausencia absoluta de instrumentos públicos, sino de evaluar si estos cuentan con recursos, coordinación y resultados suficientes.
De hecho, el propio decreto establece obligaciones de programación y seguimiento de metas físicas y financieras.
El Gobierno debería hacer públicos esos avances y explicar cómo se han traducido en intervenciones concretas.
Una población rodeada por las llamas necesita una respuesta operativa, no únicamente anuncios y visitas oficiales.
EL PROBLEMA NO ES SOLO EL FUEGO, SINO LO QUE OCURRE DESPUÉS
Uno de los mayores peligros de los incendios forestales es que las investigaciones terminen cuando se extinguen las llamas.
La identificación de las causas resulta fundamental para determinar responsabilidades y evitar que las áreas afectadas sean utilizadas posteriormente para actividades ilegales.
Esto requiere combinar imágenes satelitales, información catastral, registros de propiedad, autorizaciones de cambio de uso de suelo e investigaciones fiscales.
Los sensores satelitales pueden detectar anomalías térmicas y áreas quemadas. Herramientas como FIRMS de la NASA permiten identificar focos de calor, mientras las imágenes Sentinel y Landsat pueden contribuir a comparar la cobertura vegetal antes y después de un incendio.
Sin embargo, un foco de calor no demuestra por sí mismo un incendio intencional ni permite identificar a su responsable.
Para establecer si hubo una quema deliberada destinada a transformar el terreno, sería necesario reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar posibles beneficios posteriores.
También deberían examinarse las autorizaciones administrativas vinculadas a los terrenos afectados.
Una pregunta especialmente relevante es si existen solicitudes de desbosque, habilitación de terrenos o proyectos económicos en áreas donde se registraron incendios.
La coincidencia geográfica no constituye una prueba de irregularidad, pero puede justificar investigaciones más profundas.
¿UN ESTADO QUE NO PUEDE PROTEGER O QUE NO QUIERE ENFRENTAR DETERMINADOS INTERESES?
La controversia adquiere una dimensión política cuando se consideran conjuntamente tres elementos: la recurrencia de los incendios, los cuestionamientos a las políticas de prevención y los antecedentes de reformas forestales que generaron oposición de organizaciones ambientales.
El papel de Fuerza Popular en la aprobación de la Ley 31973 es un hecho documentado.
La modificación de la metodología del pago por desbosque mediante una resolución de Serfor, durante el actual Gobierno, también lo es.
Y la existencia de incendios de origen humano, algunos potencialmente intencionales, constituye un problema reconocido por especialistas.
Pero esos tres elementos no demuestran por sí mismos una coordinación entre actores políticos y responsables de incendios.
Lo que sí justifican es una fiscalización rigurosa.
El Ejecutivo debería responder públicamente si la reciente modificación del Serfor puede reducir los pagos de determinados proyectos, cuáles son los sustentos técnicos de esos cambios y qué medidas existen para prevenir la ocupación o transformación ilegal de áreas incendiadas.
También corresponde identificar qué actividades económicas podrían beneficiarse de los cambios regulatorios y verificar si existen conflictos de interés documentables.
No basta con asegurar que las decisiones son técnicamente correctas. Es necesario presentar los cálculos, los informes y las evaluaciones que permitan comprobarlo.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA NO TERMINA CUANDO SE APAGAN LAS LLAMAS
Los incendios forestales de 2026 están dejando una advertencia sobre la vulnerabilidad ambiental del Perú y los desafíos acumulados de su sistema de prevención.
El Gobierno actual no originó todos estos problemas. Muchos proceden de deficiencias institucionales que se arrastran desde administraciones anteriores.
Sin embargo, le corresponde responder por sus decisiones, ejecutar las políticas vigentes y garantizar que las instituciones ambientales cumplan sus funciones.
También debe rendir cuentas por cualquier modificación regulatoria que pueda afectar la protección del patrimonio forestal.
La investigación pública debe concentrarse en cuestiones concretas: cuáles fueron las causas de los incendios, quiénes resultaron responsables, qué ocurrió posteriormente con los terrenos quemados y si las recientes reformas económicas mantienen garantías suficientes de conservación.
El debate nacional no debería terminar cuando desaparezca el humo. Debe continuar hasta determinar por qué el Perú sigue perdiendo bosques, quiénes se benefician de su transformación y si las decisiones del Estado están protegiendo realmente el patrimonio natural del país.
FUENTES CONSULTADAS
- Mongabay Latam (22 de octubre de 2026). El impacto de los incendios forestales desnuda la falta de una política integral de manejo del fuego.
- Diario Oficial El Peruano (6 de septiembre de 2026). Resolución N.º D000185-2026-MIDAGRI-SERFOR-DE.
- El Comercio (2024). Incendios y Ley Antiforestal: antecedentes y controversias de la reforma.
- Tribunal Constitucional (26 de marzo de 2025). Pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de disposiciones de la Ley N.º 31973.
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor (8 de junio de 2022). El 95 % de los incendios forestales son provocados por causas humanas.
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA (13 de octubre de 2026). Incendios forestales: la prevención sigue siendo insuficiente y se requiere fortalecer el manejo integral del fuego.
- Presidencia de la República (20 de septiembre de 2024). Anuncio sobre la no entrega de títulos de propiedad en zonas devastadas por incendios forestales.
- Presidencia del Consejo de Ministros (2026). Decreto Supremo N.º 069-2026-PCM: actualización del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027.
- Ministerio del Ambiente (2023). Información institucional sobre las causas humanas de los incendios forestales en el Perú.
- NASA – Fire Information for Resource Management System (FIRMS). Sistema satelital de detección y monitoreo de incendios.