Exigir horas extras, encubrir puestos de trabajo o mantener convenios vencidos puede convertir una práctica en una relación laboral. La formación no debe convertirse en una excusa para recortar derechos.
Ingresar como practicante suele ser el primer paso hacia el empleo profesional. Sin embargo, esa oportunidad puede convertirse en un abuso cuando la empresa exige resultados y responsabilidades de trabajador, pero mantiene al joven sin los derechos correspondientes. En esos casos, un convenio firmado no basta para proteger al empleador.
La diferencia está en lo que realmente ocurre. Si desaparece la finalidad educativa y se configura alguno de los supuestos legales de desnaturalización, corresponde reconocer una relación laboral. Sunafil puede fiscalizar estos incumplimientos y requerir la regularización correspondiente, además de impulsar las sanciones aplicables.
CUÁNDO LA PRÁCTICA PIERDE SU VALIDEZ
La Ley N.º 28518 establece situaciones concretas: inexistencia de un convenio debidamente suscrito, falta de capacitación, actividades ajenas a los estudios y continuación de las prácticas después del vencimiento del convenio o del plazo máximo permitido.
También contempla la presentación de documentación falsa y la simulación o fraude. Por tanto, colocar la palabra “practicante” en un documento no convierte automáticamente cualquier puesto en una experiencia formativa.
Un ejemplo sencillo: un estudiante contratado para aprender tareas de su especialidad termina cubriendo permanentemente una plaza, sin capacitación ni seguimiento. Esa situación puede revelar que la empresa utiliza una modalidad educativa para esconder una contratación laboral. La evaluación exige revisar las condiciones efectivas del servicio.
HORAS EXTRAS: UNA ALERTA QUE PUEDE CAMBIARLO TODO
Las prácticas preprofesionales tienen un máximo de seis horas diarias o treinta semanales. Las profesionales permiten hasta ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales. Los practicantes no pueden realizar horas extraordinarias.
El Decreto Supremo N.º 003-2008-TR establece que exceder las jornadas específicas constituye un supuesto de fraude que desnaturaliza la modalidad formativa. No es un detalle administrativo: puede cambiar la naturaleza jurídica de toda la relación.
Existe un antecedente ilustrativo. En el expediente N.º 00385-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional examinó correos institucionales y registros de asistencia que acreditaban actividades fuera del horario permitido. Concluyó que el convenio se había desnaturalizado y convertido en un contrato laboral a plazo indeterminado.
APRENDER NO SIGNIFICA TRABAJAR SIN ORIENTACIÓN
Una práctica requiere actividades vinculadas con la especialidad y un proceso real de aprendizaje. El reglamento contempla planes con objetivos, tareas, duración, seguimiento y criterios de evaluación.
Esto permite aclarar una confusión: tener tareas u objetivos de aprendizaje no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Lo cuestionable es utilizar al practicante para reemplazar personal y exigirle autonomía propia de un trabajador sin formación efectiva.
La supervisión debe existir en los hechos. Un plan archivado que nadie aplica difícilmente demuestra que la empresa esté cumpliendo su propósito educativo.
EL CONVENIO TAMBIÉN TIENE FECHA DE VENCIMIENTO
Las prácticas preprofesionales corresponden a estudiantes; las profesionales, a egresados. En estas últimas, la Ley N.º 28518 establece una duración máxima de doce meses, salvo que el centro de formación determine una extensión mayor.
Además, permitir que una persona continúe después del vencimiento de su convenio, sin una prórroga válida, constituye una causal de desnaturalización. La promesa de “después arreglamos los papeles” puede terminar generando consecuencias laborales para la empresa.
LOS BENEFICIOS QUE LA EMPRESA DEBE RESPETAR
Los practicantes tienen derecho a una subvención mensual cuyo mínimo está vinculado con la remuneración mínima vital cuando cumplen la jornada máxima correspondiente. Si la jornada es inferior, procede la proporcionalidad conforme a las reglas aplicables.
También corresponde media subvención adicional por cada seis meses, cobertura de enfermedad y accidentes, descanso semanal, feriados y quince días de descanso subvencionado cuando la modalidad supera doce meses. No son favores ni premios por buen desempeño.
Conviene distinguir: un incumplimiento económico puede generar deudas y sanciones; para determinar la desnaturalización debe identificarse la causal legal correspondiente.
QUÉ PUEDE HACER EL PRACTICANTE
Guardar convenios, correos, instrucciones, comprobantes y controles de asistencia ayuda a documentar lo ocurrido. También puede presentar una denuncia ante Sunafil.
La advertencia es clara: ofrecer experiencia no autoriza a encubrir empleo. Cuando la formación desaparece, la empresa se expone a que se reconozcan los derechos laborales que pretendía evitar.
FUENTES
- Gestión: nota sobre practicantes y su incorporación a planilla.
- Ley N.º 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
- Decreto Supremo N.º 007-2005-TR.
- Decreto Supremo N.º 003-2008-TR.
- Tribunal Constitucional: expediente N.º 00385-2012-PA/TC.
- Sunafil: orientaciones sobre derechos de los practicantes.
- Diario Oficial El Peruano: análisis sobre desnaturalización de modalidades formativas.