La petrolera estatal accederá al primer tramo de una línea de financiamiento de hasta US$2.000 millones. Aunque el Gobierno sostiene que los recursos servirán para comprar crudo y mantener operativas las refinerías, la operación vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más deberá intervenir el Estado para sostener una empresa que continúa acumulando deuda, pérdidas y problemas de gestión?
UNA NUEVA INYECCIÓN PARA EVITAR LA PARÁLISIS
Petroperú concretará la habilitación legal que le permitirá recibir US$500 millones mediante una sociedad de propósito especial administrada dentro del esquema encargado a ProInversión. El desembolso constituye la primera parte de un financiamiento de hasta US$2.000 millones, cuyo saldo debería completarse entre julio y agosto.
Los fondos estarán destinados principalmente a capital de trabajo: compra de petróleo crudo, insumos y combustibles necesarios para mantener operativas las refinerías. En términos empresariales, el capital de trabajo financia las actividades ordinarias de una compañía. Sin embargo, que una empresa necesite endeudarse nuevamente para adquirir su materia prima revela que su generación de caja continúa siendo insuficiente.
El Ministerio de Energía y Minas podrá asumir compromisos contingentes vinculados con la operación, además de obligaciones transitorias por hasta US$500 millones. Aunque las autoridades remarcan que el dinero provendrá de bancos internacionales, el riesgo no desaparece: cuando el Estado respalda o asume obligaciones, una eventual incapacidad de pago puede trasladar el costo al presupuesto público.
RESCATES QUE YA SUMAN MILES DE MILLONES
Este financiamiento no aparece en el vacío. Petroperú ha recibido aproximadamente US$5.300 millones de apoyo estatal directo o indirecto durante los últimos años, mediante préstamos, garantías, capitalizaciones y asunción de obligaciones.
Los estados financieros auditados muestran que durante 2024 el Ministerio de Economía y Finanzas asumió deuda de Petroperú con el Banco de la Nación por cerca de US$790 millones. También se registró la capitalización de préstamos por más de US$1.617 millones. Estas operaciones fortalecen contablemente el patrimonio, pero no eliminan automáticamente los problemas operativos que originaron la crisis.
En 2024, la empresa registró una pérdida neta de US$773,9 millones, después de haber perdido más de US$1.064 millones en 2023. Además, sus actividades operativas consumieron alrededor de US$665 millones en efectivo durante 2024. Dicho de manera sencilla: el negocio no solamente perdió dinero, sino que también quemó una enorme cantidad de caja para seguir funcionando.
La situación se vuelve más alarmante al considerar que Petroperú mantiene deudas aproximadas por US$7.900 millones y que casi la mitad correspondería a obligaciones de corto plazo. La compañía perdió el grado de inversión en 2022 y todavía enfrenta el peso financiero de la Nueva Refinería Talara, cuyo costo superó los US$6.000 millones.
UNA UTILIDAD QUE TODAVÍA NO CIERRA EL DEBATE
Petroperú informó que obtuvo una utilidad neta de US$208,4 millones y un EBITDA de US$395 millones durante los primeros cuatro meses de 2026. Según la compañía, el resultado respondió a mejoras en inventarios, abastecimiento y reducción de costos de venta.
La recuperación constituye una señal favorable, pero cuatro meses positivos no compensan varios años de pérdidas ni garantizan sostenibilidad. Para demostrar una verdadera recuperación, Petroperú necesita generar flujo de caja operativo estable, cubrir intereses, pagar proveedores y financiar la compra de crudo sin recurrir repetidamente al respaldo estatal.
También será indispensable conocer cuánto de esa utilidad corresponde a resultados operativos recurrentes y cuánto proviene de efectos financieros, contables o extraordinarios. En una empresa altamente endeudada, el EBITDA puede mejorar mientras la presión de intereses y vencimientos continúa intacta.
ACTIVOS EN BUSCA DE CAPITAL PRIVADO
ProInversión anunció que presentará “bloques patrimoniales” destinados a atraer inversionistas privados. Estos bloques agruparían unidades de negocio, inmuebles o activos con capacidad para generar ingresos. Entre las posibilidades se encuentran propiedades comerciales y terrenos de alto valor.
La participación privada podría aportar capital y disciplina empresarial, pero deberá ejecutarse con valorizaciones independientes, procesos competitivos y absoluta transparencia. De lo contrario, el país podría terminar vendiendo o comprometiendo activos rentables para cubrir pérdidas acumuladas, mientras conserva dentro de Petroperú las unidades menos eficientes.
El problema no es solamente conseguir dinero. El verdadero desafío es impedir que los nuevos US$2.000 millones se conviertan en otro gigantesco salvavidas temporal.
EL CONTRIBUYENTE SIGUE EXPUESTO
Petroperú cumple funciones estratégicas en zonas donde el abastecimiento privado es limitado, especialmente en la Amazonía. Sin embargo, esa función no puede utilizarse como argumento permanente para tolerar directorios inestables, interferencia política, deficiente gobierno corporativo y rescates sin resultados medibles.
Cada financiamiento debería estar condicionado a metas públicas: reducción de gastos, venta de activos improductivos, profesionalización de la administración, disminución de deuda y generación sostenida de caja. Sin estas condiciones, el rescate puede convertirse en una peligrosa rutina: el Estado cubre las pérdidas, la empresa posterga las reformas y la factura termina rondando nuevamente al ciudadano.
Petroperú no necesita otro cheque en blanco. Necesita demostrar, con resultados auditados y no con discursos, que puede dejar de ser una emergencia financiera permanente.
Fuentes:
RPP Noticias
ProInversión
Petroperú
Estados financieros auditados de Petroperú 2023-2024
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Economía y Finanzas
Reuters