Un reportaje periodístico reveló una grave denuncia contra el general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Gustavo Adolfo Pareja García, jefe de la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía (Dirbap). Según testimonios, fotografías y conversaciones de WhatsApp difundidas públicamente, agentes y trabajadores asignados a esa dependencia habrían sido utilizados para cocinar, limpiar habitaciones, lavar platos, hacer compras y atender personalmente al alto mando y a su esposa.
El caso ha causado indignación porque los efectivos policiales son remunerados con recursos públicos para proteger a la ciudadanía y cumplir funciones institucionales, no para convertirse en asistentes domésticos de sus superiores. No obstante, las acusaciones todavía deben ser verificadas por los órganos competentes y el general involucrado ha negado haber ordenado tales actividades.
LOS MENSAJES QUE DESATARON EL ESCÁNDALO
Entre las evidencias presentadas aparecen capturas de conversaciones atribuidas a la esposa del general. En uno de los mensajes, dirigido a una trabajadora identificada como Yesenia, se realizan pedidos detallados para el desayuno: pan con queso preparado en una waflera, una bebida de Milo con leche y, para el general, palta, café, jugo y dos panes franceses.
Otros mensajes incluirían indicaciones para tender camas, atender dormitorios, lavar vajilla, limpiar ventanas y comprar artículos personales. También se habría ordenado al personal no ingresar a determinadas habitaciones mientras la esposa del oficial permanecía en las instalaciones de la Dirbap.
Aunque pedir un desayuno podría parecer un asunto menor, el problema cambia completamente si para satisfacerlo se utilizaron servidores, policías o contratistas pagados por el Estado. Allí ya no se discutiría una simple descortesía, sino una posible desviación de personal y recursos públicos hacia intereses particulares.
POLICÍAS CONVERTIDOS EN EMPLEADOS DEL HOGAR
El reportaje difundido por el programa Beto a Saber sostiene que algunos efectivos asignados a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía habrían terminado realizando tareas ajenas al servicio. Las imágenes mostrarían dormitorios sin arreglar, vajilla acumulada y ambientes en los que trabajaba el personal destinado oficialmente a dicha dirección.
La situación resulta especialmente cuestionable porque la Dirbap tiene la responsabilidad de desarrollar acciones vinculadas con el bienestar, la asistencia social, la salud y otros servicios dirigidos al personal policial y sus familias. Es decir, la entidad creada para atender las necesidades de los policías aparece ahora bajo sospecha de haber utilizado a algunos de ellos para servir a quienes ocupaban posiciones de poder.
De confirmarse, sería una distorsión grotesca de la jerarquía: agentes formados y financiados para servir al país habrían acabado preparando desayunos y arreglando dormitorios privados.
ÓRDENES DE SERVICIO BAJO SOSPECHA
Otro punto delicado corresponde a órdenes de servicio por montos de S/6.000 y S/7.500, registradas bajo conceptos relacionados con limpieza y desinfección de ambientes del área de Logística. La denuncia plantea que esas prestaciones podrían haberse realizado en espacios utilizados como residencia por el general y su esposa.
Este extremo necesita una auditoría documental y física. Las autoridades deberán identificar a los proveedores, revisar términos de referencia, conformidades, comprobantes de pago, lugares de ejecución, fotografías, registros de ingreso y testimonios del personal.
Una orden de servicio no demuestra por sí sola una irregularidad. Sin embargo, si se comprobara que un servicio contratado para una dependencia policial terminó beneficiando una vivienda o estancia particular, podría existir responsabilidad administrativa y eventualmente penal, según las circunstancias y el grado de participación de cada persona.
GENERAL PNP RECHAZA LAS ACUSACIONES
Gustavo Pareja negó haber acudido a su vivienda con personal policial y cuestionó los mensajes difundidos. Señaló que desconocía esas conversaciones y calificó como “infantil” la versión relacionada con el pan y otros pedidos. También sostuvo que desayunaba en su centro de trabajo, donde había personas encargadas de efectuar las compras.
Esta respuesta deberá ser contrastada con los testimonios, comunicaciones y documentos exhibidos. El principio de presunción de inocencia obliga a no considerar responsable al general mientras no exista una decisión firme. Del mismo modo, la gravedad de los indicios exige una investigación independiente y sin privilegios derivados del rango.
¿QUÉ RESPONSABILIDADES PODRÍAN EXISTIR?
La Ley N.º 30714 regula el régimen disciplinario de la PNP y permite investigar conductas contrarias a la ética, la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional. Su reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 003-2020-IN y modificado posteriormente por el Decreto Supremo N.º 016-2025-IN.
Asimismo, la Ley N.º 27815, Código de Ética de la Función Pública, exige probidad, responsabilidad, adecuado ejercicio del cargo y uso correcto de los bienes estatales. Estos deberes alcanzan a los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico.
En el ámbito penal, un eventual abuso de autoridad requiere demostrar que un funcionario, aprovechando sus atribuciones, cometió u ordenó un acto arbitrario en perjuicio de alguien. Si existiera apropiación o utilización irregular de bienes y servicios estatales, la calificación jurídica dependería de las pruebas y deberá ser evaluada por el Ministerio Público; no puede establecerse automáticamente desde un reportaje.
UNA INVESTIGACIÓN QUE NO DEBE QUEDAR EN EL DESAYUNO
La Inspectoría General de la PNP debería determinar quién impartía las órdenes, bajo qué relación trabajaba cada persona, dónde se realizaron las labores y con qué presupuesto fueron financiadas. También debe garantizarse protección frente a represalias para los subordinados que declaren.
El escándalo no se reduce al pan con queso ni al Milo con leche. Lo verdaderamente alarmante es la posibilidad de que la autoridad policial se haya convertido en servidumbre privada y que fondos destinados al bienestar de miles de agentes hayan terminado sosteniendo comodidades personales. Si las acusaciones se confirman, no estaríamos ante una extravagancia doméstica, sino frente a una seria afrenta a la disciplina policial y a la confianza ciudadana.
Fuentes:
- Infobae Perú
- Programa Beto a Saber – Willax Televisión
- Willax.pe
- Ley N.º 30714 – Régimen Disciplinario de la PNP
- Decreto Supremo N.º 003-2020-IN
- Decreto Supremo N.º 016-2025-IN
- Ley N.º 27815 – Código de Ética de la Función Pública