La extorsión en el Perú ha dejado de limitarse al cobro de cupos. Las organizaciones criminales ahora buscan controlar trabajadores, proveedores, contratos y actividades económicas completas. Esta modalidad, conocida técnicamente como “racketeering laboral”, convierte el empleo en una nueva fuente de poder para las mafias y amenaza con instalar una economía paralela gobernada mediante el miedo.
El fenómeno fue analizado en el estudio “Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención”, elaborado por el Instituto de Criminología y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). La investigación advierte que las redes delictivas ya no solo pretenden obtener dinero: buscan apropiarse de las reglas que mueven la economía dentro de determinados territorios.
DEL COBRO DE CUPOS AL CONTROL DEL EMPLEO
En el racketeering laboral, las organizaciones criminales utilizan amenazas, agresiones o sabotajes para imponer la contratación de determinados trabajadores, sindicatos, empresas de seguridad, transportistas o proveedores.
El negocio recibe una advertencia: debe contratar a las personas señaladas por la banda o afrontar ataques contra sus propietarios, empleados, instalaciones o vehículos. La supuesta contratación permite camuflar la extorsión mediante facturas, órdenes de servicio, planillas o contratos aparentemente legales.
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explica que algunas redes obligan a las empresas a comprar servicios ofrecidos por proveedores vinculados con los propios extorsionadores. Así, la operación deja de parecer un simple pago ilegal y adquiere la apariencia de una transacción comercial.
El resultado es alarmante: la banda deja de ser un actor externo y comienza a introducirse en la estructura productiva del negocio. Obtiene ingresos, coloca personas de confianza, recopila información interna y puede vigilar los movimientos de empresarios y trabajadores.
UN MONOPOLIO IMPUESTO A BALAZOS
Otra expresión identificada es el “racketeering monopolístico”. En este caso, la violencia se utiliza para impedir el ingreso de nuevos competidores o expulsar a quienes ya participan en un mercado.
Una organización puede ordenar qué empresa brinda seguridad, distribuye productos, transporta mercadería o aporta personal. Quien rechaza esa imposición queda expuesto a amenazas, incendios, atentados o ataques armados. En la práctica, la libre competencia es reemplazada por un monopolio criminal.
Esta evolución coincide con el estudio “Cobro y silencio: la dinámica de la extorsión en el Perú”, presentado por el Ministerio del Interior. El documento relaciona la extorsión con mercados ilícitos, venta de información, comunicaciones ilegales, lavado de activos, sicariato, logística criminal y manipulación de mano de obra.
TRES EXTORSIONES POR HORA EN EL PERÚ
La expansión ocurre en medio de una emergencia criminal. El Ministerio Público registró 12,634 denuncias por extorsión y chantaje entre enero y junio de 2026: aproximadamente 70 casos diarios y casi tres cada hora. Lima Este, La Libertad, Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur concentraron el 53.3 % de los hechos denunciados.
La violencia vinculada al cobro de cupos también ha golpeado brutalmente al transporte público. Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se identificaron 214 atentados con víctimas en Lima y Callao, que dejaron 152 fallecidos y 131 heridos. El 97.7 % de los ataques fue ejecutado con armas de fuego y, en el 60.3 %, los delincuentes emplearon motocicletas.
Estas cifras corresponden únicamente a hechos denunciados o identificados oficialmente. El miedo a las represalias y la desconfianza en las autoridades pueden generar un importante subregistro.
NO ES SOLO EXTORSIÓN
Desde el punto de vista penal, el racketeering laboral no constituye un delito autónomo con esa denominación en el Perú. Sin embargo, sus conductas pueden encajar en extorsión, organización criminal, coacción, sicariato, lesiones, homicidio, lavado de activos o tenencia ilegal de armas, según cada caso.
Tampoco debe confundirse automáticamente con la trata de personas. Esta última exige captar, trasladar, retener o recibir personas mediante violencia, amenaza, engaño u otros mecanismos con una finalidad de explotación. No obstante, ambas figuras podrían concurrir si los trabajadores impuestos son sometidos a explotación laboral.
EL “CÍRCULO PERFECTO” DEL CRIMEN
Rubén Vargas, exministro del Interior, sostiene que la extorsión se ha “profesionalizado” porque requiere poca inversión: un teléfono, datos personales y capacidad para amenazar. El riesgo de captura puede ser reducido, mientras la rentabilidad resulta enorme.
Carlos Basombrío recuerda que una normativa posteriormente derogada, que obligaba a contratar trabajadores procedentes de sindicatos, favoreció la aparición de pseudogremios que extorsionaban a constructores y obreros. Actualmente, el problema se ha extendido a panaderías, boticas, mercados, transporte y pequeños comercios.
La respuesta estatal debe seguir la ruta del dinero, identificar empresas fachada, cruzar información bancaria y tributaria, proteger a denunciantes y emplear inteligencia criminal. Si las autoridades observan únicamente el mensaje amenazante o el depósito final, pueden perder de vista la red económica que sostiene el delito.
El peligro ya no consiste solamente en pagar para seguir trabajando. El verdadero escándalo es que las mafias están intentando decidir quién trabaja, quién vende, quién compite y quién puede permanecer en el mercado.
EL DATO
El estudio citado clasifica la extorsión en cinco grandes modalidades: episódica, de protección o cobro de cuotas, monopolística, laboral y corporativa o vinculada con la usura.
FUENTES
- Ministerio del Interior – “Cobro y silencio: la dinámica de la extorsión en el Perú”
- Ministerio Público – Denuncias por extorsión durante el primer semestre de 2026
- Ministerio Público – Atentados contra el transporte público en Lima y Callao
- Instituto de Criminología y CAEN – Estudio sobre extorsión en áreas comerciales urbanas
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – Trata de personas