El gasto del Estado peruano en remuneraciones dejó de ser una simple partida presupuestal para convertirse en una de las mayores presiones sobre las finanzas públicas. Según la nota revisada, el Banco Central de Reserva del Perú registra que el gasto público en remuneraciones pasó de S/ 35,449 millones en 2015 a S/ 73,331 millones en 2025. Es decir, en una década prácticamente se duplicó.
La tendencia no se detiene. Para el 2026, el Presupuesto Público contempla alrededor de S/ 93,5 mil millones para remuneraciones, dentro de un presupuesto total superior a S/ 257 mil millones. Esto significa que una parte enorme del dinero público se destina a sostener la planilla estatal, incluso antes de hablar de obras, mantenimiento, equipamiento, tecnología, seguridad o mejora directa de servicios.
Detrás de estas cifras hay una pregunta incómoda: ¿el Estado está pagando mejor para servir mejor o simplemente está engordando una planilla cada vez más difícil de financiar?
MÁS TRABAJADORES, MÁS REGÍMENES Y MÁS PRESIÓN FISCAL
El crecimiento no solo responde a incrementos salariales. También se explica por el aumento del número de trabajadores públicos. La nota indica que la planilla estatal pasó de aproximadamente 1,24 millones de servidores públicos en 2017 a casi 1,7 millones en 2024. Eso representa un crecimiento cercano al 37% en siete años.
El problema técnico es que el empleo público peruano no funciona como una sola estructura ordenada. Conviven regímenes como el Decreto Legislativo 276, el régimen 728, el CAS, carreras especiales, servidores de salud, educación, defensa, interior, gobiernos regionales y gobiernos locales. Esa fragmentación produce distorsiones salariales, demandas de homologación, beneficios diferenciados y constantes presiones para nivelar derechos.
Cada mejora aprobada para un grupo abre la puerta a reclamos de otros. Cada bono, incremento o beneficio especial se transforma en antecedente político. Y cada antecedente termina presionando al Ministerio de Economía y Finanzas para encontrar recursos, aun cuando el espacio fiscal sea limitado.
EL CONGRESO Y LA BOMBA DE TIEMPO DEL GASTO PERMANENTE
El Consejo Fiscal ha advertido que varias normas aprobadas o impulsadas desde el Congreso generan gasto permanente sin financiamiento claro. En marzo de 2026, dicho organismo señaló que algunas medidas laborales podían elevar el gasto público en por lo menos S/ 6,5 mil millones, trasladando parte del impacto fiscal al 2027. También advirtió que estas presiones se suman a un presupuesto 2026 que ya incorpora un incremento históricamente elevado en remuneraciones y pensiones.
Aquí está el punto delicado: una carretera se construye una vez, pero una remuneración se paga todos los meses. Un bono puede nacer como “excepcional”, pero muchas veces termina incorporándose a la expectativa permanente de los trabajadores. Una nivelación salarial puede parecer manejable en el primer año, pero se vuelve pesada cuando se proyecta a varios años, con gratificaciones, compensaciones, aportes, pensiones y beneficios conexos.
En términos fiscales, el gasto en personal es rígido. No se puede recortar fácilmente sin generar conflictos laborales, demandas judiciales o crisis de servicios. Por eso, cuando la planilla crece sin una reforma seria de productividad, el Estado pierde margen para invertir en infraestructura, tecnología, mantenimiento, seguridad ciudadana o mejora de servicios.
EL CAS Y EL EFECTO DOMINÓ LABORAL
Uno de los puntos más sensibles es el régimen CAS. Durante años fue presentado como una modalidad flexible, pero en la práctica terminó siendo una de las principales puertas de ingreso al Estado. Luego vinieron las demandas de estabilidad, beneficios, gratificaciones y tránsito a otros regímenes.
En los últimos años, el Estado ha aprobado incrementos remunerativos y mejoras para servidores de distintos regímenes laborales, incluyendo montos diferenciados para funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares. Este tipo de medidas puede tener justificación social, especialmente cuando existen trabajadores con sueldos rezagados. Pero también incrementa el costo estructural de la administración pública.
La discusión no debería reducirse a “pagar más” o “pagar menos”. La verdadera pregunta es si el Estado está pagando por resultados. Si una entidad aumenta su planilla, pero sigue demorando expedientes, contrataciones, licencias, fiscalizaciones o atención ciudadana, entonces el problema no es solo presupuestal: es de gestión pública.
EL RIESGO: UN ESTADO CARO, LENTO Y POCO PRODUCTIVO
El escándalo silencioso es que el ciudadano podría terminar pagando más impuestos, más deuda o menos inversión para sostener un aparato estatal que no necesariamente mejora sus servicios. El gasto en personal puede ser legítimo cuando fortalece escuelas, hospitales, seguridad, fiscalización, justicia o atención territorial. Pero se vuelve peligroso cuando responde a presiones políticas, cuotas laborales, nombramientos sin planificación o beneficios aprobados sin evaluación técnica.
El crecimiento de la planilla pública no es malo por sí mismo. Un país necesita médicos, docentes, policías, jueces, fiscales, inspectores, técnicos y especialistas. El problema aparece cuando el aumento de personal y remuneraciones no está acompañado de indicadores claros de desempeño, metas institucionales, evaluación de productividad y control del gasto permanente.
Un Estado puede gastar más y aun así funcionar peor. Puede tener más trabajadores y seguir atendiendo lento. Puede pagar más remuneraciones y mantener oficinas colapsadas. Esa es la paradoja que preocupa: una planilla que crece como gigante, mientras el ciudadano sigue esperando soluciones básicas.
EL DESAFÍO: ORDENAR ANTES DE SEGUIR PAGANDO
El Perú necesita servidores públicos capacitados, bien remunerados y protegidos de la arbitrariedad política. Pero también necesita una planilla transparente, meritocrática y sostenible. No puede haber mejoras salariales sin evaluación de desempeño, sin racionalización de puestos, sin control de duplicidades y sin planificación multianual.
La reforma pendiente no es congelar sueldos ni precarizar trabajadores. Es ordenar el Estado. Saber cuántos servidores se necesitan, dónde, bajo qué perfil, con qué metas y con qué presupuesto real. También implica fortalecer el tránsito meritocrático, sincerar los costos laborales y evitar que cada decisión política termine convertida en una nueva obligación permanente para el Tesoro Público.
El gasto en remuneraciones ya se duplicó en diez años. Si el país no corrige el rumbo, la siguiente década podría traer un Estado mucho más caro, pero no necesariamente más eficiente. Y cuando el presupuesto se llena de obligaciones rígidas, el margen para transformar servicios públicos se reduce peligrosamente.
FUENTES
Gestión
Banco Central de Reserva del Perú
Ministerio de Economía y Finanzas
Consejo Fiscal del Perú
Ley de Presupuesto del Sector Público 2026
Presidencia del Consejo de Ministros / Gobierno del Perú